Latinoamérica, 17 de septiembre, 2026
El acuerdo anunciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Gilead abre una nueva vía para que 14 países de América Latina y el Caribe puedan adquirir lenacapavir para la prevención del VIH a través de los Fondos Rotatorios Regionales.
Este avance también refleja el papel que la sociedad civil, las comunidades, la academia y otros actores hemos desempeñado de manera sostenida para visibilizar la exclusión de países de la región y exigir mecanismos de acceso más equitativos.
Este mecanismo puede abrir una oportunidad importante para la región, pero su verdadero impacto dependerá de condiciones de acceso que todavía no conocemos. Hasta ahora no se han hecho públicos elementos fundamentales como el precio, el registro en los países, las cantidades disponibles, los plazos de entrega, la duración del acuerdo ni los criterios de asignación entre países.
Sin conocer el precio, no es posible evaluar si este acuerdo representa realmente un avance en el acceso. Las condiciones alcanzadas deben permitir que lenacapavir pueda incorporarse de manera amplia y sostenible en los sistemas públicos de salud y llegar efectivamente a las personas que lo necesitan.
Una cuestión de equidad
Existe además una preocupación de fondo sobre el modelo de acceso. Gilead presenta PURPOSE 2 como parte de sus esfuerzos de acceso en América Latina y el Caribe. Sin embargo, Brasil, Argentina, México y Perú participaron en este estudio y quedaron excluidos de las licencias voluntarias para versiones genéricas de lenacapavir.
Participar en un ensayo clínico no constituye una política de acceso
Es preocupante que países de nuestra región participen en la investigación de una innovación y posteriormente enfrenten un escenario de exclusión de versiones genéricas y de la posibilidad de beneficiarse de la competencia, mientras que nuestros países quedan limitados a las condiciones de monopolio y altos precios impuestos por el fabricante original.
El mecanismo anunciado por OPS crea una alternativa de adquisición, pero no modifica la exclusión de estos países de las licencias voluntarias ni introduce competencia genérica para ellos. Por lo tanto, no puede considerarse por sí solo una solución a las inequidades existentes.
La capacidad de compra regional de OPS puede ser una herramienta importante si permite consolidar demanda, obtener precios realmente asequibles y generar condiciones sostenibles de acceso. Del mismo modo, el proceso de transferencia tecnológica anunciado para Brasil podría contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva regional. Sin embargo, todavía no se han definido plazos ni mecanismos, por lo que su valor dependerá de que se traduzca en compromisos concretos, verificables y con plazos definidos.
Consideramos, por tanto, que este acuerdo debe ser entendido como un punto de partida que necesita traducirse en resultados concretos. Para que este acuerdo represente un avance real, es necesario:
- Hacer públicas las condiciones del mecanismo de acceso, incluyendo precio por persona/año, plazos oportunos de registro, cantidades disponibles, plazos de entrega, duración del acuerdo y criterios de asignación entre países.
- Asegurar un precio asequible, transparente y sostenible para los sistemas públicos de salud, que permita una implementación amplia y no limitada a proyectos piloto o poblaciones reducidas. El precio debe además responder a una premisa básica de salud pública: prevenir nuevas infecciones debería ser menos costoso que sostener su tratamiento.
- Establecer metas verificables de cobertura y un cronograma de implementación, que permitan medir si el mecanismo está generando acceso efectivo y a gran escala, así como su contribución a ampliar la cobertura de prevención y reducir nuevas infecciones.
- Evitar que la clasificación de un país como de renta media sea utilizada para justificar su exclusión de mecanismos de acceso asequible. La capacidad de pago, las desigualdades internas, la carga epidemiológica y las necesidades de las poblaciones clave deben ser criterios centrales para la respuesta regional.
- Reafirmar que los Estados conservan la facultad de utilizar plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las licencias obligatorias y el uso gubernamental, cuando las patentes, los precios o la disponibilidad o condiciones de abastecimiento constituyan barreras para la protección de la salud pública.
- Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en el seguimiento e implementación de este mecanismo, incluyendo el acceso a información suficiente para evaluar sus resultados y exigir rendición de cuentas.
Asimismo, la introducción de lenacapavir debe considerar su aceptabilidad entre las poblaciones a las que está dirigido y ampliar, no sustituir, las opciones de prevención disponibles. Las personas deben poder elegir entre diferentes herramientas eficaces de prevención de acuerdo con sus necesidades y preferencias.
Estas demandas son consistentes con la posición que la sociedad civil de América Latina y el Caribe ya ha expresado: innovaciones como lenacapavir solo tendrán verdadero valor si llegan a la región de manera oportuna, asequible y sostenible, acompañadas de planes de acceso transparentes y verificables.
También hacemos un llamado a fortalecer los mecanismos regionales de compra y negociación, gestionar la demanda acumulada para incentivar la producción en nuevos fabricantes, promover la transferencia tecnológica y la producción local, y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de acceso.
La sociedad civil de América Latina y el Caribe seguirá vigilante frente a la implementación de este acuerdo. La transparencia, la competencia, la participación y la capacidad de los sistemas públicos para incorporar lenacapavir a escala serán fundamentales para evaluar su verdadero impacto.
Una vía de compra no es todavía acceso. El precio, la velocidad de implementación, la aceptabilidad y las condiciones reales en que lenacapavir llegue a nuestros países determinarán si este acuerdo representa verdaderamente un avance para América.
Alianza Latinoamérica y el Caribe de la sociedad civil por el acceso a medicamentos
