El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) ha destacado la importancia de abordar con precaución las legislaciones que castigan la exposición o transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En documentos como el Informe Breve sobre Criminalización de la Transmisión del VIH, el organismo subraya que no existen pruebas de que la criminalización de la transmisión del VIH tenga algún beneficio para la salud pública.
Además, en un comunicado emitido el 15 de febrero pasado, advierte que el proyecto de ley actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Ecuador, que pretende tipificar como un delito la transmisión de “enfermedades infectocontagiosas” podría socavar las respuestas efectivas al VIH en el país o dar lugar a graves errores judiciales, de acuerdo con el diario El Universo.
Contra la penalización en Ecuador
El informe está destinado al segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que incluye una enmienda que contempla penas de 1 a 3 años de cárcel para aquellos que deliberadamente transmitan infecciones como el VIH o la sífilis, durante relaciones sexuales, especialmente cuando el transmisor tiene conocimiento previo de su condición de salud.
La propuesta también criminaliza a quienes mantengan relaciones sexuales sin informar a la pareja de su estado serológico, abarcando diversas enfermedades infecciosas, como la hepatitis B y la gonorrea.
ONUSIDA destaca la tendencia en algunos países que están reformando sus leyes relacionadas con la penalización del VIH. Se citan ejemplos como la aprobación de una nueva ley en Suiza en 2013, que puso fin a la penalización generalizada de la transmisión del VIH, y la Estrategia Nacional contra el Sida en Estados Unidos, que aboga por revisar las leyes penales específicas sobre el VIH para asegurar que sean coherentes con los conocimientos actuales acerca del virus.
El informe también señala la inconstitucionalidad de disposiciones legales similares en Kenia, subrayando la importancia de evitar legislaciones demasiado amplias e imprecisas en este ámbito.
Medidas contraproducentes
Un aspecto crucial resaltado por ONUSIDA es el posible efecto negativo de la criminalización de la transmisión sexual del VIH. Investigaciones recientes indican que el miedo a enfrentar consecuencias legales desalienta a las personas a realizarse pruebas del VIH, hablar con sus médicos o compartir su estatus de VIH, contribuyendo así a la discriminación y la falta de confidencialidad.
Además, se advierte sobre posibles errores judiciales y otros problemas relacionados, como la aplicación selectiva de la ley, dificultades con las pruebas y testimonios, violación de la confidencialidad y evaluación desinformada del riesgo y daño de la infección por VIH.
En conclusión, ONUSIDA destaca que Ecuador ya cuenta con disposiciones legales que permiten el enjuiciamiento de casos de presunta transmisión intencional del VIH, considerando que cualquier nueva legislación sobre el tema es innecesaria y podría comprometer la salud pública y los derechos humanos.
Además, el organismo internacional desaconseja específicamente las leyes que penalizan la exposición o transmisión del VIH y hace un llamado a la Asamblea Nacional para que no incluya en el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal el artículo relacionado con la “propagación de enfermedades infectocontagiosas”.
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