Las crisis y transformaciones por las que han atravesado las cárceles en Venezuela han afectado a toda la población interna, pero esto ha impactado de manera especial a las personas de la diversidad sexual, es decir, a quienes no se adhieren a las normas de género o a la heterosexualidad.
Según lo informado por el diario El Universal, las prisiones van más allá de ser simplemente lugares de castigo, y a menudo se convierten en entornos extremadamente difíciles para esta población.
Inicios de la crisis
El trabajo periodístico parte de la premisa de que el crimen muestra un claro sesgo patriarcal y sexista en sus perpetradores, lo que significa que si la prisión ya es dura para los hombres heterosexuales, lo es aún más para aquellos que no se adhieren a esa norma de género.
Cabe recordar que Venezuela ha experimentado serias crisis en su sistema penitenciario desde finales del siglo pasado, resultando en la pérdida de muchas vidas y requiriendo la implementación de varios enfoques administrativos para restablecer el orden. Sin embargo, estos intentos fracasaron, principalmente debido a problemas como el hacinamiento y la corrupción.
La violencia en las prisiones condujo a la formación del llamado “pranato”, una especie de acrónimo para “preso rematado, asesino nato”, que tomó el control de las cárceles y facilitó la aparición de poderosas organizaciones criminales. Ante esta situación, el gobierno finalmente buscó una solución al crear el Ministerio del Servicio Penitenciario, pero esto también trajo consigo nuevos desafíos y complicaciones.
Al restringir el ingreso a la mayoría de las prisiones, las celdas policiales, originalmente diseñadas para detenciones de hasta tres días, se transformaron repentinamente en instalaciones de detención prolongada, exacerbando todos sus problemas.
Esta situación perjudicó a toda la población detenida, pero quienes se encontraron en mayor vulnerabilidad fueron menores de edad, mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer, Intersexuales y otros (LGBTQI+).
Falta de atención médica
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un informe sobre el acceso a la atención médica de las personas LGBTQI+ privadas de libertad, resaltando la falta de datos claros sobre su situación en las prisiones venezolanas, lo que contribuye a ocultar los desafíos que enfrenta este grupo.
Gabriela Buada, directora de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano, que colaboró en el informe del OVP, señaló que la situación de las personas LGBTQI+ privadas de libertad es compleja y difícil debido a la discriminación y estigma que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género. Además, advirtió sobre la carencia de políticas inclusivas para abordar sus necesidades específicas.
La falta de datos oficiales sobre la población LGBTQI+ privada de libertad conlleva a que su presencia en las cárceles no sea reconocida adecuadamente, lo que dificulta la atención de sus necesidades.
Violencia de todo tipo
La situación es grave si se considera la realidad de las personas trans detenidas, quienes carecen de espacios adecuados y son encarceladas junto a quienes probablemente se convertirán en sus agresores sexuales, dado que no existen áreas separadas para su alojamiento.
“Esta población es la que más sufre en los recintos carcelarios porque son víctimas de discriminación, humillación y violencia sexual, además las que están en proceso de transición deben abandonar su tratamiento hormonal”, señala el informe.
En una realidad ignorada durante años, las personas LGBTQI+ en las cárceles luchan por sobrevivir, siendo coaccionadas a ejercer trabajo sexual tanto por líderes internos como por agentes corruptos. Además, se ven obligadas a realizar tareas consideradas tradicionalmente “femeninas”, como lavar la ropa de otros reclusos y limpiar.
Escasa atención en salud
La población carcelaria recibe atención médica insuficiente y prácticamente no tienen acceso a servicios de salud. “Si necesitan ser trasladados a hospitales, solo podrán hacerlo tras decisiones arbitrarias y discrecionales de funcionarios de turno”, destaca el informe.
El documento también señala que, al igual que el resto de la población carcelaria, la comunidad LGBTQI+ apenas tiene acceso a exámenes médicos regulares para detectar o monitorear condiciones como VIH, tuberculosis, COVID-19, cáncer, problemas respiratorios y cardiacos. “Sus familiares deben hacer todo tipo de maniobras para lograr los permisos para hacer las pruebas”, agrega.
Sensibilización para prevenir abusos
Es recomendable la realización de sesiones de sensibilización y concienciación en las prisiones para abordar temas como los estereotipos, prejuicios y concepciones erróneas sobre la población reclusa y las personas LGBTQI+.
Los funcionarios, señala el documento, deberían recibir capacitación especializada para comprender y tratar a las personas LGBTQI+ de manera adecuada en entornos de detención, así como estar preparados para ofrecer atención sensible.
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